Dos hechos han venido este martes a confirmar que la campaña contra la libertad de expresión desatada por socialistas y separatistas catalanes contra sus adversarios políticos y mediáticos, lejos de amainar, no hace otra cosa que recrudecerse.
Por una lado, está la soberbia indiferencia con la que el portavoz de la Generalidad, Joaquim Nadal, ha despachado la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de la cadena COPE a la renovación de una concesión denegada en 1998. Nadal, en una muestra de "acatamiento" más propia de una burla que de un gesto de respeto, ha desvinculado los efectos de esta sentencia del proceso abierto por la Generalidad para no renovar otras licencias de esta emisora en Cataluña. Nadal se ha permitido invocar ese organismo liberticida dependiente de su Gobierno que es el CAC, para recordar su reciente expediente contra la Cadena COPE por los supuestos "delitos" que se perpetran en los programas "La mañana" y "La Linterna".
Lo lógico, evidentemente, sería que la sentencia del Supremo –y no los expedientes del CAC– marcara la pauta a los poderes públicos y que, con ella en la mano, las administraciones tuvieran claro que no se puede denegar o renovar caprichosamente una concesión, en función de la ideología o las opiniones que vierta un medio de comunicación. Pero a la vista está que, para el Tripartito catalán, la pauta a seguir no es la que dicta el Supremo, sino su particular comisariado mediático nacionalista. Todo ello justifica, más que de sobra, la loable iniciativa de nueve periodistas españoles de solicitar al Parlamento Europeo que desactive la "operación política" contra la COPE.
Con todo, no menos significativa de su amedrentadora campaña es la propuesta de los socialistas catalanes para que el parlamento autonómico presente una querella contra el secretario general del PP, Ángel Acebes, por haber constatado el respaldo de ETA al Estatuto y a su proclamación de Cataluña como nación.
En una carta enviada al presidente de la cámara autonómica, el separatista Ernest Benach, para ver si las declaraciones de Acebes pudieran ser constitutivas de delito, los socialistas consideran que "el Parlament no puede asistir impasible al intento de confundir su tarea democrática con las acciones de una banda terrorista".
Vaya por delante que si una organización terrorista, en cualquier país civilizado del mundo, reconociera, tal y como hizo ETA, que ha mantenido una reunión con un dirigente político en la que se trataran estrategias para "estrechar lazos" con idea de colaborar juntos en el "objetivo de profundizar en la crisis y el resquebrajamiento del Estado", quien sería inmediatamente convocado por los tribunales sería el dirigente político en cuestión. Aquí, no. En España no se ha tratado de averiguar si efectivamente Carod Rovira perpetró o no un delito en Perpiñán. Aquí, quien convocó a Carod Rovira no fue ningún Tribunal, sino el presidente de gobierno surgido del 14-M para convertirlo en su principal aliado parlamentario.
Si los socialistas quieren querellarse, que lo hagan contra ETA o contra ERC, pero no contra el PP, que simple –y tardíamente– ha denunciado una colaboración que tanto Carod Rovira como ETA han reconocido, tanto en sus reuniones como en sus escritos.
Tiempo habrá para volver a recordarlos. Ahora sólo cabe esperar que la iniciativa de los periodistas planteada en el Parlamento Europeo llegue a buen termino y que el PP catalán no tenga la necesidad de acudir al Consejo Consultivo para ver si respalda o no la querella contra Acebes.
